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Autoridad tributaria de Argentina notifica a 3.997 inversores cripto sobre inconsistencias en declaración de impuestos

La AFIP, el órgano tributario argentino, envió notificaciones a 3.997 personas que operan con cripto

En Argentina, que se podía considerar un paraíso para las criptomonedas por ser ellas uno de los medios para protegerse de la creciente inflación, están llevándose a cabo operativos que buscan evitar las operaciones fuera de la ley.  Ya ha pasado varias veces con la minería clandestina.  En las últimas semanas han ocurrido varios decomisos -el más reciente en la aduana donde estaban entrando equipos mineros de contrabando-, pero también se han desmantelado granjas mineras no registradas.  Todos estos operativos tienen una organización al frente: La Administración Federal de Impuestos Públicos, AFIP, que busca evitar la evasión fiscal.

Ahora, la AFIP está intensificando su lucha contra la evasión fiscal relacionada con las criptomonedas y dirige sus esfuerzos hacia los tenedores de criptomonedas. El 28 de octubre, la organización informó que había enviado notificaciones a 3.997 contribuyentes sobre incongruencias entre sus declaraciones de impuestos y los informes sobre sus tenencias de criptomonedas. Estos estados en revisión corresponden a reportes de operaciones realizadas en el 2020.

Se estima que los fondos no declarados serían unos USD $1.000 millones, dijeron fuentes al medio Ámbito. El motivo de las notificaciones responde a inconsistencias entre los ingresos registrados y los montos operados en compraventa de monedas digitales. Las tenencias de monedas digitales debe estar declarada en bienes personales.

Informes de los exchanges

La AFIP está utilizando los informes provenientes de los exchanges cripto locales para cruzar los datos en las declaraciones de impuestos y las criptomonedas de varios contribuyentes y ya encontró incongruencias.

Según los informes, la organización ya envió notificaciones de estos problemas a casi cuatro mil ciudadanos, quienes tendrán la oportunidad de corregir sus declaraciones para incluir sus tenencias de criptomonedas y pagar impuestos adicionales.

Estas notificaciones estarían vinculadas a las declaraciones que se presentaron durante el 2020 y serían enviadas a los contribuyentes que han operado en casas de cambio locales de criptomonedas, quienes por ley deben pasar su información operativa a la AFIP. Las notificaciones explican que el contribuyente ha estado operando con criptomonedas en estos exchanges. Añade:

“Se le recuerda que los resultados derivados de la enajenación de monedas digitales están amparados por el Impuesto a la Renta y, en su caso, deberá proceder a exteriorizarlos en las declaraciones juradas correspondientes así como su tenencia”.

Sin embargo, solicitar información y justificación de los gastos y compras de criptomonedas de los contribuyentes en 2020 podría llevarlos a mostrar el historial de sus tenencias de criptomonedas desde su compra hasta ese año. Esto también podría derivarse de tener que modificar las declaraciones de criptomonedas de años anteriores a 2020, explica Bitcoin.com.

Estas acciones pueden conducir a una posible incautación de Bitcoin, que sigue siendo un tema controvertido según los analistas. Daniel Pérez, abogado argentino, cree que aún no existen leyes que permitan al Estado tomar el control de estas billeteras de criptomonedas. Por el contrario, las cuentas digitales pueden ser incautadas, y la organización ha incautado más de 1.200 de ellas desde febrero. En una entrevista con el medio Iproup, afirmó:

“Habría que modificar la ley para estipular claramente la posibilidad de incautar billeteras electrónicas. La AFIP lo sabe, y por eso está tratando de colar en el Presupuesto un artículo que le dé facultades para hacerlo tanto con respecto al dinero fiduciario como al Bitcoin”.

La aplicabilidad de este nuevo artículo también sería limitada porque solo se aplicaría a las criptomonedas mantenidas en proveedores e intercambios de billeteras sin custodia. Todavía es incierta la forma en que el Estado obligaría a los ciudadanos a entregar sus claves privadas de criptomonedas a los funcionarios del gobierno.

 


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