Según un informe, el director de comunicaciones de Biden fue prohibido de trabajar con antiguos clientes del sector de las criptomonedas

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prohibirá a su director de comunicaciones tratar asuntos relacionados con empresas de criptomonedas o tecnología con las que haya trabajado anteriormente, aunque le permitirá asesorar sobre la regulación de las criptomonedas.

Según un informe de Bloomberg Law del 22 de abril, al director de comunicaciones de la Casa Blanca, Ben LaBolt, se le prohibirá “participar en asuntos legales, investigaciones o contratos relacionados con criptodivisas o empresas tecnológicas a las que haya representado anteriormente.”

El exchange descentralizado UniSwap y la firma de capital riesgo Andressen Horowitz -un temprano inversor en Coinbase Global Inc- fueron ambos antiguos clientes de Bully Pulpit Interactive (BPI), donde LaBolt fue anteriormente socio, según un informe público de divulgación financiera publicado el 21 de abril.

Ambas empresas figuraban en una lista de 23 clientes que pagaron honorarios superiores a 5,000 dólares en un año a BPI.

Meta Platforms, Shopify y West Street -la family office del CEO de Meta, Mark Zuckerburg, y su esposa Priscilla Chan- también figuraban en la lista de 23 clientes que superaban los 5,000 dólares en un año.

Mientras tanto, en la sección de activos e ingresos, LaBolt reveló que posee entre 50,001 y 100,000 dólares en Bitcoin BTC€25,070 y entre 15,001 y 50,000 dólares en Ethereum 2 (ETH2).

“Las restricciones de LaBolt están en línea con las normas éticas seguidas por otros altos cargos de la Casa Blanca”, afirmaba el informe.

A pesar de las restricciones que se espera que se pongan en marcha, se informó de que LaBolt se le permitirá asesorar sobre el enfoque del presidente para regular las criptomonedas y las empresas de medios sociales.

Esto se produce después de que Biden firmara una orden ejecutiva (OE) sobre activos digitales el 9 de marzo.

Aunque la OE no especificaba ninguna medida reguladora, esbozaba un proceso interinstitucional en el que participarán 16 altos funcionarios y que inicialmente comenzará con la tarea de elaborar una serie de informes.

Estos informes deberán presentarse a intervalos de entre 90 días y más de un año a partir de la publicación de la OE.

La OE atrajo la atención tanto de funcionarios como de líderes del sector.

La “cripto-senadora” republicana Cynthia Loomis, de Wyoming, comentó la orden ejecutiva diciendo que “es estupendo ver el creciente interés de la administración Biden por los activos digitales”.

Por su parte, Ari Redborn, responsable de asuntos legales y gubernamentales de la empresa de inteligencia basada en blockchain TRM Labs, dijo que “esperaba ciertas cosas y el tono positivo no era necesariamente una de ellas.”

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